Hallazgos fiscales por más de $692 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización que realizó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). 

"Estos hallazgos darán inicio a Procesos de Responsabilidad Fiscal, derivados de una gestión inadecuada por esta suma (exactamente $692,7 millones), producto de giros desde la UARIV hacia operadores bancarios, de recursos a beneficiarios fallecidos con anterioridad a la fecha de la transferencia", precisó la Controloría. 

La Contraloría advierte también un inadecuado control sobre pagos realizados por operadores bancarios a beneficiarios fallecidos con posterioridad a los traslados de recursos desde la UARIV.  

Además, los operadores bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos señalados en el informe.  

Y se encuentran graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios. 

"Esta última situación causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas", precisa la Contraloría. 

La Actuación, adelantada por la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Contraloría Delegada para la Inclusión Social durante el segundo semestre de 2021, cubre las vigencias 2014 a 2020. 

"Se establecieron 9 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tienen posible connotación fiscal por $692.746.490,52, hay 8 con presunta incidencia disciplinaria, 7 son de carácter penal, 2 para solicitud de indagación preliminar por una cuantía estimada de $33.314.000, y 1 para proceso administrativo sancionatorio fiscal", reveló el ente de control. 

Todos estos hallazgos serán trasladados a las respectivas autoridades competentes. 

"Uno de los hallazgos más destacados tiene que ver con la Incapacidad de la UARIV para soportar actuaciones administrativas de su competencia durante largos períodos de tiempo, ocasionando un recorte del alcance de la labor de control fiscal y poniendo en riesgo el adecuado control sobre sus procesos y el manejo de los recursos públicos", precisó la Controlaría.